ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN REGIONALIZADA EN EL PGN 2023. CASO ATLÁNTICO

Por: Jorge Vergara Carbó – Colaborador- Estudiando el presupuesto de inversión regionalizado, al Departamento del Atlántico le 

asignaron una partida de $2,3 billones de un 

total de $13,7 billones para la inversión regionalizada del Caribe colombiano, es decir, el 16,8% de la inversión caribeña y el 3,1% del total de la inversión nacional que es de $74 billones.

Contrasta ese porcentaje con el asignado a Antioquía el cual es del 8,4% de la inversión nacional, unos $6,2 billones. Solamente el Ministerio del Transporte le asignó $2,3 billones, suma igual a la del Atlántico, pero para todos los 

ministerios. A Bogotá le asignaron $5,1 billones; al Valle del Cauca, $3,5 billones y a Cundinamarca $2,7 billones. A esos tres departamentos más Bogotá le asignaron $17,5 billones, un 23,6% de la inversión total.

Si bien es importante que le asignen recursos al Atlántico, eso no significa que todos esos recursos se ejecuten este año porque una cosa es lo presupuestado y otra lo ejecutado. Es preocupante la baja 

ejecución presupuestal por parte del gobierno nacional. A julio de este año solo se ha había ejecutado un 27%, y el ministerio del Transporte tiene una ejecución que no llega al 5%. A lo anterior hay que agregar que desde el 29 de junio entramos en Ley de Garantías, lo que significa que no podremos ejecutar ningún recurso que no se haya comprometido con anticipación a esa ley.

A fin de tener mayor certeza de cómo va la ejecución presupuestal ministerio por ministerio, le hemos solicitado, mediante un Derecho de Petición, al ministro de Hacienda que nos haga llegar la ejecución 

presupuestal del departamento del Atlántico. Esperamos recibir esa información al igual que la regionalización de la inversión para el año 2024.

Al desmenuzar la inversión para el departamento del Atlántico, nos encontramos con lo siguiente:

MINISTERIO	INVERSIÓN EN $MILLONES
Agricultura	38.197
Ciencia, Tecnología	10.533
Comercio, Turismo, Industria	8.168
Cultura	933
Deporte y Recreación	20.490
Educación	395.198
Salud y Protección Social	45.611
Trabajo	227.960
Transporte	153.520
Vivienda, Ciudad y Territorio	231.772
Justicia y Reparación	1.061
Información y Comunicaciones	11.915
Inclusión Social y Reconciliación	671.197
Minas y Energía	363.615
Planeación	55.435
Empleo Público	6.125
Hacienda	3.261
Fiscalía	4.730
Estadística	264
Interior	7.349
Justicia y Del Derecho	29.735
Organismos de Control	3.059
Presidencia de la República	161
Rama Judicial	6.662
Registraduría	4.281
Relaciones Exteriores	933
TOTAL, INVERSIÓN	$2,3 billones

A manera de síntesis, analizamos los rubros más importantes de inversión clasificada por el monto de la misma:

a)    El rubro más alto es inclusión social con $671.197 millones. Incluye $312.092 millones para la Primera Infancia, $109.146 millones para Familias en Acción, $81.510 millones para Colombia Mayor, $45.710 

millones para Compensación del IVA. Los cuatro programas representan el 81,9% del total de la inversión. Estos son recursos invertidos en los más necesitados, no en inversión física. Se supone que con esos ingresos las familias que lo reciben solventan parte de su alimentación, impulsando la demanda 

agregada. Dinero para consumir Educación. Se contempla una inversión de $395.198 millones. Esos 

recursos destinan $294.906 millones para Becas y Créditos del ICETEX, $64.430 millones para el PAE, como complemento de los recursos que deben invertir las 

entidades territoriales. Con relación a los créditos del ICETEX, habría que investigar con la Regional del Atlántico cual es el monto que han aprobado este año e igualmente a quienes les han otorgado becas. Esos dos programas acaparan el 90,9% del total de la inversión.

c)    Minas y Energía $363.615 millones, destina para subsidios eléctricos $223.557 millones, $73.699 millones para subsidio de gas, $32.018 millones para el FOES (Fondo de Energía Social) y $27.933 al PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas). Estos cuatro programas representan el 98,2% de la inversión.

d)   Vivienda, Ciudad y Reconciliación $231.772. Destina $143.314 millones para subsidio familiar de vivienda, $70.505 millones para apoyo financiero a proyectos de acueducto y alcantarillado, estos 

recursos están destinados como contrapartida para el acueducto del Norte, es probable que a principios de septiembre giren los primeros $35.000 millones y $17.371 millones para planificación de política urbana. La ejecución de este ministerio ha sido muy mala, para el año se tenía presupuestado adjudicar 

75.000 subsidios, a la fecha sólo se han entregado 18.172 subsidios, o sea, un 24% de la meta programada. En el año 2022 se adjudicaron 65.000 subsidios de vivienda. 

Este es un tema que manejan muy bien la actual gobernadora Elsa Margarita Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo, ambos dirigieron el ministerio de vivienda.

e)    Trabajo $227.960 millones, aparece un rubro por $180.970 millones, llamado formación para el trabajo, después aparecen tres partidas cada una con un promedio de $13.350 millones ($40.049), 

supuestamente para invertirlos en el Atlántico para el fomento, la investigación, innovación, generación, formación de empleo y fortalecer la gestión y dirección del sector trabajo. Sobre esos rubros no hay claridad en qué se invierten y qué entidad los maneja.

f)     Transporte $153.520 millones, destina $57.415 millones para la concesión Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, $24.201 millones para vías terciarias, $20.472 millones para aeropuerto y espacio aéreo, $15.128 millones para la APP del río Magdalena entre Bocas de Ceniza y 

Barrancabermeja, $15.078 millones para la Concesión Puerta del Hierro-Palmar de Varela-Carreto-Cruz del Viso, $10.588 millones para conectividad regional, $6.695 millones, para la APP Canal del Dique. La ejecución de este ministerio al mes de junio es del 3%. En el caso concreto del Atlántico, lo recibido por el Departamento son $9.700 millones para la Gran Vía. Apenas hace unos días se empezó a trabajar en 

la autopista Barranquilla-Cartagena en el área deteriorada por las lluvias de hace dos años. Faltan más de 60 kilómetros por terminar. No hay frentes de trabajo ni en la parte de Bolívar ni en el Atlántico. La 

concesión cobra el peaje como si la autopista estuviera terminada y no invierte esos recursos. No hay una fecha límite impuesta por el gobierno central para que culminen con todas las especificaciones esa vía. Igual o peor acontece con la vía Puerto del Hierro-Sabanagrande que lleva años y nada que avanza, 

ahora con problemas por el peaje de Turbaco ante la protesta justa de sus habitantes que están desesperados

por el atraso en las obras. Mientras en Colombia las concesiones viales se entreguen garantizando su 

financiamiento mediante el cobro de un peaje anticipado, el concesionario nunca terminará esas vías porque su negocio es cobrar sin terminar. Las concesiones 4G-5G 

deben adjudicarse por el musculo financiero del cotizante y solo permitirse cobrar el peaje cuando la obra esté terminada. Así opera en otras partes del mundo. Recuerden que la vía hasta Sabanagrande fue adjudicada a la firma Sacyr, a la que no le declararon la caducidad por no haber cumplido con el 

contrato y terminaron liquidándolo y entregándoselo a otra firma, que tampoco está cumpliendo con dichos contratos. Estos recursos, a mi juicio, deberían ser entregados por la Nación al Departamento para que sean ellos, los verdaderos beneficiados, los que contraten las obras, que no dudo que lo harán mejor que la ANI, y otras dependencias del ministerio. Es lo que pelean los antioqueños, que piden los recursos

 para ejecutarlos ellos mismos, así debería ser. Hay que acabar con el centralismo paquidermo que nos 

mata. Los dineros deben manejarlo los dolientes, no en Bogotá, con gente que la mayoría de las veces no conoce las regiones ni la idiosincrasia de las distintas ciudades y pueblos del país.

Estos 6 ministerios suman $2,04 billones. O sea, el 88,7% del total de la inversión contemplada para el Atlántico. Los únicos ministerios que invierten sus recursos físicamente, generando empleo productivo, son los de los sectores de vivienda y transporte. Justamente los dos ministerios con la más baja ejecución presupuestal.

PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO 2021-2024

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluye unas partidas para la región Caribe llamadas “Pactos Territoriales”, estas fueron creadas por el artículo 250 de la Ley 1955 del 2019 “Ley del Plan de Desarrollo 2018-2022”, los cuales sustituyeron los anteriores contratos plan y el Fondo Regional para los pactos territoriales. 

Para el Pacto Funcional Atlántico asignaron una partida de $55.435 millones para el año 2023. Hacen parte del Pacto: Barranquilla, Puerto Colombia, Sabanagrande, Usiacurí, Piojo, Tubará, Luruaco, Juan 

de Acosta y Polonuevo. Se firmó entre el Departamento, estos municipios y el DNP el 17/03/21 y debe terminar en tres años. Su valor es de $785.583 millones, de los cuales la Nación pone $479.026 (61%) y las entidades territoriales el resto, $306.557 millones.

El Pacto territorial incluye las siguientes obras: Caño de la Ahuyama, con una inversión de $104.746 millones, de los cuales la Nación aportó el 95%; Ciénaga de Mallorquín, con un valor de $121.479 millones, de los cuales la Nación aporto el 86,4%. Cauce del arroyo El Pozo (Hibácharo), canalización 

arroyo Florencio (Sabanagrande) $7.229 millones todos aportados por el DNP, canalización arroyo Pitalito (Polonuevo) $7.274 millones, aportado 100% por el DNP, construcción de doble calzada Barranquilla-Salgar-Prado mar-Puerto Colombia (K51B) con aportes de la Nación por $113.521 millones y las entidades territoriales $102.000 millones, el acueducto del Norte con una inversión de 

$198.314 millones, de los cuales la Nación aporta el 78,4%. De acuerdo a un informe de ejecución del DNP a 31 de marzo de este año, la ejecución es muy baja, alrededor del 27%. Hay proyectos que no han arrancado a pesar de haberse firmado hace dos años.

Con relación al Caño de la Ahuyama, proyecto en el cual la Asociación Don Bosco, conjuntamente con la ciudadanía de los barrios afectados del Suroriente, ejerce una veeduría sobre esa obra, les preocupa las declaraciones a los medios por parte del alcalde Jaime Pumarejo, de que esos trabajos se entregaran el 31 de octubre de este año. Eso alcalde no es posible. Falta mucho por hacer.

Esta obra, a nuestro juicio, debe continuarse con los nuevos mandatarios elegidos el próximo 29 de 

octubre, su labor conseguir los recursos del DNP en la firma del nuevo Pacto Funcional Atlántico 2024-2027, con el apoyo de la bancada del 

departamento. Los recursos deben invertirse en: construcción de nuevos puentes viales, trabajar los 

caños Arriba, del Mercado y de las Compañías, asegurando que el agua fluya y los caños vuelvan a ser navegables. Este proyecto integral terminado debe convertirse en un atractivo turístico y deportivo para la ciudad y sus visitantes. Como complemento debe construirse una plaza de alimentos típicos del 

departamento del Atlántico en la Intendencia Fluvial con todas las comodidades para comensales y deportistas.

El proyecto de los caños de Barranquilla tiene que conectarse a la oferta turística del Malecón y esta, a su vez, con la Ciénaga de Mallorquín, Las Flores, Puerto Mocho, el tren eléctrico a Bocas de Ceniza y 

el bus por el rio Magdalena. Este sueño de los barranquilleros está en manos del próximo alcalde y gobernador para convertirlos en realidad. Con esas obras, más el desarrollo urbano de La Loma y Barranquillita, con sus nuevos mercados, la remodelación del Mercado de Granos y de El Boliche, la 

ciudad se potenciaría como una gran urbe. Ese desarrollo urbano y arquitectónico si se da, arrastraría también todo el sector de la Zona Negra hasta La Chinita, embelleciendo la entrada por el lado de Santa Marta.

LA DIFERENCIA ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUÍA Y ATLÁNTICO

Contrasta la inversión que nos asigna el Ministerio de Transporte con sus entidades adscritas con lo asignado al departamento de Antioquía. Nos genera 

una envidia grande, y por supuesto que nos alegramos por los antioqueños que defienden sus intereses así existan diferencias políticas. Sus gobernadores, alcaldes y parlamentarios, así como el sector gremial, cuando se trata de conseguir recursos para su departamento, lo hacen unidos. Eso, aparte de haber contado con varios presidentes oriundos de su región, logran posicionar a sus profesionales en puestos claves del gobierno central 

como en el ministerio de Hacienda, DNP, Mintransporte, la CREG, lo que contribuye a que sus proyectos de inversión presentados sean aprobados.

En la región Caribe no hemos logrado conseguir los recursos de la Nación que necesitamos se inviertan en nuestros territorios para poder mejorar nuestros índices sociales que son los peores del país. Hoy por hoy somos la región más pobre del país y con los peores índices de empleo, informalidad, inflación, pobreza y pobreza extrema.

QUÉ OBRAS SE FINANCIAN EN ANTIOQUÍA CON LA PLATA DE LOS COLOMBIANOS EN EL PGN 2023 $MILLONES

1.    Construcción túnel del Toyo y accesos           $405.000

2.    Concesión Autopista Al Mar dos                     $358.538

3.    Concesión Autopista al Mar 1                         $354.209

4.    Concesión Autopista Conexión Pacífico 1      $274.976

5.    Concesión Autopista Al Río Magdalena 2      $240.414

6.    Concesión Corredor Norte-Autopista prosp    $231.732

7.    Concesión Autopista pacífico 2                       $157.228

8.    Autopista pacífica 3                                           $48.123

9.    Mantenimiento Vía Medellín. Puerto Triunfo     $38.600

10.  Infraestructura aeroportuaria                             $31.833

Estas son las obras más significativas, que comunican a Medellín con el Atlántico, el Pacífico y centro del país a través de autopistas que aumentan la productividad de su departamento, sus ciudades, baja los costos de movilización y ahorra tiempo.

Eso es lo que queremos para nuestro departamento del Atlántico, obras que sean de doble calzada y no vías estrechas como las que tenemos actualmente. En la elección del 29 de octubre, el sufragante 

debería orientarse a votar por aquellos candidatos que presenten propuestas realizables dada la situación financiera y administrativa de alcaldías y gobernación. Sus propuestas deben compaginar con la situación financiera de cada entidad territorial y basadas en la consecución de recursos del PGN distintos a los del Sistema General de Participación. El presupuesto del gobierno Petro para el 2024 es de $502,6 billones, de esos recursos $98 billones son para inversión, $24 billones más que en 2023. 

Pero para conseguirlos hay que presentar proyectos, especialmente en vías de doble calzada para comunicar a todo el departamento, planes de vivienda nueva y de remodelación, recursos para los 

Juegos Panamericanos en un ministerio que para el 2024 tendrá un presupuesto de $1,2 billones, contra uno de $0,94 billones del año anterior, un incremento del 27,6%.

En un próximo trabajo daremos a conocer la inversión para el año 2024, esperando conocer la regionalización de la misma para saber qué monto nos asignaron. Los actuales mandatarios, como los aspirantes a esos cargos y los parlamentarios del Atlántico, desde ya deben estudiar a fondo el 

presupuesto que se discutirá en septiembre de este año como alternativa de conseguir los recursos que necesitamos para mejorar nuestros índices sociales y, por supuesto, nuestra infraestructura física. Después de aprobado el presupuesto se dificulta conseguir recursos.

Finalmente, debería existir una rendición de cuentas dos veces al año por parte de los ministerios para que le digan al país, en qué se han gastado la plata y qué entidades territoriales recibieron esos recursos.

Se habla de unas inversiones de $74 billones para el 2023 que no se ejecutarán este año, pero se pueden comprometer esos recursos para el año entrante.

Personalmente me preocupa la elaboración del presupuesto, da la impresión que se ha convertido en algo mecánico de copia y pega, dado que cuando 

uno compara el del 2023, con el del 2024, encuentra lo mismo. Las mismas inversiones, las mismas disposiciones y, lo más grave, fue lo que encontré entre el documento que me sirvió de estudio para el 2024, enviado por un parlamentario del partido Comunes, dado que a los que se lo solicité de otros 

partidos, incluyendo el Pacto Histórico, no me lo enviaron, que se les olvido incluir partida alguna para el “Ministerio de la Igualdad y Equidad”. ¿Saben por qué pasó eso?, porque en el presupuesto del 2023 no aparece ese ministerio porque no había sido aprobado, sólo se aprobó en enero de este año. Eso es lo que me da razones para afirmar que el presupuesto nacional se ha convertido en “copia y pega”.

Esta anomalía se la hice conocer tanto al señor presidente Gustavo Petro, como al ministro de Hacienda en un derecho de petición que estoy esperando respuesta.

¿EL CONTRATO DE AIR-E Y AFINIA CUANDO LO CONOCEREMOS?

Finalmente, en estos días recibí respuesta de un Derecho de Petición que le hiciera llegar al Ministerio de Minas y Energía, a la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De parte de ellos no recibí repuesta alguna. La recibí de parte de la entidad a quién no se 

la solicite “Electricaribe en Liquidación” firmada por el Jurídico Camilo Carrizosa.

En el derecho de petición Solicitaba copia del contrato firmado entre Air-e-Afinia, Minminas y la SSPD, pensando que ese contrato se negoció y firmó por esas entidades al estar involucrada en su negociación dineros públicos. ¡Pero oh sorpresa!, el contrato se negoció y firmó entre privados. Esa fue 

la respuesta que recibí por parte de “Electricaribe en Liquidación”. Su respuesta textualmente fue “En consecuencia, no es dable hacer público el documento por usted señalado, al gozar este de carácter reservado”. Ante esa respuesta cabe preguntarse ¿Por qué es reservado ese documento?, porque, según ellos, ese negocio fue entre privados. Pregunto al señor Presidente Gustavo Petro y a los 

otros funcionarios del gobierno, ¿si fue una negociación entre privados por qué el gobierno nacional invirtió 6,1 billones de pesos discriminados así: Pasivo Pensional $1,5 billones, Préstamo para inversión $1,2 billones, Pasivo Pos Toma $1,0 billones y Pasivos Pre Toma $2,4 billones? Además, el gobierno modificó el régimen tarifario para el Caribe Colombiano en el artículo 318 de la Ley 1955 “Plan de Desarrollo de Duque”, y permitió que Electricaribe en Liquidación le regalara una cartera de más de $2 billones, de la cual es recuperable unos $0.8 billones y la facturación del mes de septiembre (20 días) que vale más de $0.3 billones, y no contentos con eso, el Ministerio de Minas y Energía emite la 

Resolución 40272 de octubre del 2020, donde obliga al Caribe a pagar un sobrecosto por comercialización del 20%, como reconocimiento por bajo recaudo y alta cartera.

¿Explíquenme, por favor, cómo el gobierno nacional puede legislar a favor de unos privados? Los caribeños seguimos esperando respuestas a nuestro problema tarifario y a cómo se hizo esta negociación. Porque no hay derecho a que después de haber invertido tantos recursos $6,1 billones y 

regalarles otras arandelas, la empresa Air-e haya pagado por el mercado de Atlántico, Magdalena y Guajira la pírrica suma de $285.000 millones. Nunca hemos conocido lo que pagó Antioquía que además recibió del presidente Duque $80.000 millones para su metro, creemos que pudo haber pagado $300.000 millones.

Estamos a un mes de que se cumplan tres años de operación de Air-e y Afinia, empresas que no han mejorado el servicio porque no han realizado las inversiones en que se comprometieron sin que el “gobierno del cambio” los obligue a mejorar, como a publicar en su página Web sus estados financieros auditados especialmente a la empresa Air-e y cumpla con la promesa que hiciera en campaña en la ciudad de Barranquilla de bajar las tarifas al Caribe colombiano y de dar a conocer los pormenores del contrato firmado con esas empresas.

Presidente Petro, esa negociación no fue entre privados fue de unos privados con el gobierno colombiano. De no ser así, usted debería proceder a demandar disciplinaria y penalmente al presidente Duque, a la doctora Avendaño y al ministro de Minas y Energía por entregarle recursos públicos a unos privados.

LA COSTA CARIBE NO AGUNTA MÁS PROMESAS FALSA. NECESITA RESULTADOS Barranquilla, septiembre 1 de 2023.  Fotos: Internet.