LAS FALACIAS DE LA SAE Y SUPERSERVICIOS

 

 

Por: Jorge Vergara Carbó –Colaborador- Hace una semana publicamos un documento que titulamos “NADA FUE CASUAL” donde demostramos, que el escándalo montado en principio por el secretario de Transparencia Andrés Idárraga, en la W, y después conectado con la rueda de prensa de la SAE, sobre el contrato firmado y legalizado con el Distrito de Barranquilla a través de la empresa de alumbrado público, no fue casual sino orquestado por el gobierno actual con la finalidad de evitar la entrega de las acciones 82.16%, al ente territorial. Andrés Idárraga, al igual que Dagoberto Quiroga y Daniel Rojas, en sus declaraciones afirmaron una serie de falacias, las cuales esperamos analizar una por una en este documento.

La negociación fue secreta Y se hizo a espaldas de la comunidad.
Ese ha sido el caballo de batalla de un grupo reducido de opositores a la negociación, que no tiene sentido ni lógica. El sentir de Barranquilla en los últimos años ha sido recuperar esas acciones por diversos métodos, uno de ellos, solicitándole formalmente al gobierno que le ceda gratuitamente el 50%, que le corresponde a la Nación, y buscando alternativas para comprar el paquete accionario ante la falta de recursos del Distrito de Barranquilla. Para corroborar lo anterior basta consultar los distintos medios de comunicación de la ciudad sobre el tema.  

El primero de ellos fue la rueda de prensa del alcalde el 19 de marzo del 2021, dando a conocer la posible negociación. En esa rueda de prensa dijo: “que había oficializado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la intención de asumir el control del 82,16 % de las acciones que por varios años estuvieron en poder de Inassa, una filial de la multinacional Canal de Isabel II. 

La operación planteada por la administración distrital es la llamada enajenación temprana”. Esa postura, fue respaldada por los congresistas del Atlántico y los concejales del Distrito de Barranquilla. En una entrevista dada al periódico El Heraldo, el 1 de agosto del 2021, el presidente de la SAE, Andrés Ávila dijo” que en el proceso de venta de las acciones de Inassa en la empresa Triple A hay una preferencia especial para que sea Barranquilla quien las adquiera”.

Desde marzo del 2021, se conformaron equipos de trabajo entre ambas entidades para viabilizar un acuerdo antes de finalizar el año 2021, que se habían propuesto como meta. Las conversaciones se concretaron en Bogotá, el día 3 de diciembre de 2021, con la firma del contrato de compra venta entre la SAE (vendedora) y APBAQ (compradora), con la presencia del presidente Duque, el alcalde Jaime Pumarejo y el presidente de la SAE, evento que fue cubierto por todos los medios de comunicación.

En repetidas ocasiones, el alcalde Jaime Pumarejo, y así lo registran los medios, dio a conocer los avances de la negociación, en el sentido que eran los socios particulares, William Vélez y familia Daes, quienes pagarían el 50%, del negocio en efectivo y el otro 50%, se pagaría en 6 años, con las utilidades de la empresa.

Lo secreto de la negociación, fue no haber publicado el contrato de compra venta firmado, al haberse realizado bajo el principio de “confidencialidad” palabra muy usada por el presidente Duque, para hacer sus negocios y que por supuesto se presta para comentarios. Fue un error utilizar este mecanismo en este contrato, porque si usted revisa con detalle el contrato que el periódico El Tiempo hizo público, una vez estallará el escándalo montado por el doctor Andrés Idárraga, encontrará que ese contrato que se firmó, nada tiene que esconder.En conclusión, es un error seguir afirmando que el contrato se hizo a espaldas de la comunidad. Lo extraño es que durante trece meses las voces hoy disidentes no dijeran absolutamente nada de este contrato, y solo el nuevo gobierno alzo la voz el 26 de diciembre del 2022, para referirse al mismo.

Enajenación Anticipada sin justificación.  Esta es la otra falacia que han hecho circular, que no es posible vender anticipadamente unas acciones que están en cautiverio y cuyo juez de extinción no se ha pronunciado. La Ley 1708, en su artículo 93, contempla la venta anticipada de los bienes y activos en propiedad de la SAE. Esta entidad lo viene haciendo desde la expedición de la ley, sin ningún problema. Es más, la misma Ley contempla el mecanismo de que en el evento que se venda un bien anticipadamente y el juez de extinción de dominio falle a favor del implicado, como debe procederse para reconocerle el valor del bien vendido. La Ley no dejo nada a la deriva. Todo lo contemplo. 

Por lo anterior, no tiene sentido seguir insistiendo en esa falacia. La SAE si puede vender anticipadamente. No se podía vender directamente. Cito textualmente las palabras del doctor Dagoberto Quiroga director de Superservicios “Para la Superservicios, la manera como la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla SAS celebraron la enajenación temprana desconoció los principios legales de transparencia y objetividad, porque un paquete accionario como el de la Triple A debía venderse bajo subasta pública o sobre cerrado, no sin competencia como ocurrió”.  

Valga decir, que muchos de los que afirman que la compra venta de las acciones ha debido hacerse por subasta pública, desconocen que el artículo 8 de la ley 2155/21, modifico de tal forma el artículo 93 de la ley 1708/14, autorizando a la SAE a vender anticipadamente y en forma directa cuando se trate de negocios entre entidades públicas. 

Esa es la ley vigente hoy. Por otra parte, el hecho de que no se hiciera por subasta pública, en nada cambia la situación porque el procedimiento se hizo teniendo en cuenta el marco legal vigente y con los principios que debe cumplir todo servidor público. En materia de subasta pública en la venta de acciones de servicios públicos domiciliarios, la Región Caribe tiene varias experiencias en el caso de la venta de las Electrificadoras. Primero fue una subasta de uno (pregúntenle a la hoy ministra de Agricultura doctora Cecilia López) donde solo se presentaron los venezolanos y una firma norteamericana como socia y se vendieron por US$800 millones de la época, y los comentarios fueron que se habían regalado, que se vendieron a precio de gallina flaca; y en la reciente venta de Electricaribe a Aire-Afinia, fue una subasta de uno para cada mercado. Se invirtieron más de $6 billones de pesos (US$1.280 millones de hoy), y se vendieron en $600.000 millones, $285.000 millones por AIRE y $315.000 millones por AFINIA, unos US$128 millones de hoy. Aparte, en el contrato le regalaron una cartera de $2 billones de pesos, la facturación del mes de septiembre, unos $350.000 millones, y nos obligaron a pagar las perdidas negras de energía, reconocerles adicionalmente un 20%, del margen de comercialización y 300 puntos por la cartera, lo que ha significado que de octubre del 2020 a la fecha más de $2 billones de pesos de ingresos adicionales para Aire y Afinia a costa del bolsillo de los caribeños. Contrato leonino, ese sí, firmado a espaldas de la comunidad que el gobierno de Duque no quiso publicar, y a la fecha el actual gobierno sigue sin publicarlo a pesar de que el mismo presidente “Gustavo Petro dice que “algo no huele bien” en los contratos de Air-e y Afinia (El Universal 30 de octubre 2022). 

Por lo tanto, la SAE si podía vender directamente tal como lo hizo, apoyado en el artículo 8 de la ley 2155/21. Se vendió por $565.000 millones, cuando la empresa vale $2.4 billones. Este fue el argumento utilizado como remate de los comentarios anteriores, expresado en una rueda de prensa programada por el presidente de la SAE en compañía del director de Superservicios, bajo el lineamiento del presidente Gustavo Petro. Para ello procedieron a que Superservicios en cabeza del funcionario Emilio Betancourt, en no más de tres (3) días, elaborara un estudio que nadie lo conoce porque no fue presentado en la rueda de prensa, para valorar la concesión Triple A, ni en el tiempo transcurrido se ha dado a conocer a la opinión pública. 

Dicho estudio, que fue la “bomba” de la rueda de prensa en la propia voz del señor Betancourt, dijo sin inmutarse, que el valor de la empresa era de $2.4 billones, por lo que se presentaba un detrimento patrimonial. En esa misma rueda de prensa a la cual asistí y participe, le pregunte si esa valoración la había hecho a la “concesión” o a toda la empresa, su respuesta fue que a toda la empresa (escuchar audio), pero que sin embargo había hecho la valoración de la concesión y el resultado arrojado era de $1.4 billones. 

Sus declaraciones por supuesto crearon un avispero y todo tipo de conjeturas, dieron piso para que el presidente de la SAE, al director de Superservicios, el secretario de Transparencia, y hasta varios medios de comunicación, dieran como “verdad absoluta” lo dicho por el funcionario Emilio Betancourt, que la Triple A vale $2.4 billones, y no $565.000 millones, por lo tanto, hay detrimento patrimonial, y se debe frenar el negocio. Para el presidente de la SAE, tuvo más validez unos cálculos sacados de los cabellos por un funcionario de nivel medio de la Superservicios, que el de dos firmas que contrato su empresa para realizar dicho trabajo en un lapso de seis (6) meses, como lo es la firma No 1, del mundo DELOITTE cuyo trabajo fue revisado por la firma Growth-Perfomamce SAS contratada por la misma SAE para que revisara dicha valoración, dando fe de ello. Pero es que el Distrito contrato también a una firma “Bonus Banca de Inversión”. Fueron tres firmas independientes que participaron en la valoración. Firmas que tienen experiencia en este tipo de trabajo y lo hicieron valorando la concesión que vence el 19 de septiembre del año 2033. La valoración de una empresa, no es un acto de fe, es un procedimiento técnico reconocido mundialmente, que debe ser elaborado por firmas que tengan credibilidad en el mundo y sean de reconocida trayectoria, para que brinden confianza. Existen procedimientos reconocidos para evaluar a una empresa, que no es el tema discutirlo en este escrito. Ante las conjeturas que se dieron con relación al contrato SAE-APBAQ, tanto el alcalde Jaime Pumarejo, como el presidente de la SAE, le solicitaron a la CGR acompañamiento para que revise las cifras emitidas por las firmas especializadas y la del funcionario de Superservicios. 

Le corresponderá entonces a la CGR decidir este entuerto. Semejante responsabilidad, la cual esperamos se decida lo antes posible. Esta mentira no tiene soporte técnico, ya que fue lanzada, desconociendo el trabajo de firmas reconocidas, y por lo tanto no se puede dar por verdadera una valoración que no la conoce sino el funcionario que la elaboro, que estamos seguros partió de premisas falsas.

¿COMO HA DEBIDO PROCEDER LA SAE?
Ante la duda, lo ideal hubiera sido contratar a una firma internacional para que revisara todo lo actuado y conceptuara sobre las mismas. Es lo correcto, no creo que la CGR cuente al igual que Superservicios con esa experticia. No todo el mundo entiende sobre este tema, y tampoco tienen porque saber sobre valoración de empresas. Lo otro,  haberse sentado con las firmas contratadas por la SAE, para que le explicaran a la nueva administración de la entidad los pormenores de la negociación y la metodología y cifras utilizadas para llegar al valor de venta.

Otro paso, es si se cree que en dicha negociación hubo violación a la ley, y presumen actos de corrupción, proceder a efectuar las demandas respectivas ante los organismos encargados de hacer este tipo de investigaciones. Era lo que debería haber hecho el señor Andrés Idárraga, como los otros funcionarios, porque ellos tienen que saber como funcionarios públicos de alto nivel, que el único que puede decretar que un contrato es legal o ilegal es un juez de la República, y el único que puede determinar si hay detrimento patrimonial es la FGR, dado que la CGR señala hallazgos, que deben ser después investigados por la FGR, al igual que la PGR se pronuncia sobre conductas disciplinarias y cuando encuentra sanciona, porque esa facultad la tiene. 

PRESIDENTE PETRO ENTREGUENOS EL 50%, DE LAS ACCIONES DE LA TRIPLE A EN FORMA GRATUITA. Este ha sido el anhelo de todos los barranquilleros, volver a recuperar el manejo de la concesión Triple A. Manejo que empezamos a perder en el año 1.996, en la administración de Edgar George, con el beneplácito de muchos de los que hoy fungen como sus amigos cercanos, pero que en ese entonces,  ni en los años siguientes, dijeron absolutamente nada, y solo hasta hace poco, salieron a mostrarse como los defensores del patrimonio del Distrito tratando de conseguir prebendas políticas que la comunidad barranquillera y atlanticense rechazaron.
Presidente Gustavo Petro, si su voluntad política es que los barranquilleros manejemos como debe ser la Triple A, complázcanos cediéndonos gratuitamente el 50%, de las acciones que le pertenecen a la Nación, del paquete del 82.16%, es decir cédanos el 41.08%, de esas acciones. 

Es una decisión suya, el expresidente Duque no quiso hacerlo, lo que nos obligo a comprar. Usted puede hacerlo, consulte con sus jurídicos y con ese paso, solucionamos todo el problema, y quedamos todos complacidos y agradecidos con su excelencia. Recuerde presidente Petro, que el Distrito hace parte en el conflicto jurídico que se sigue, como víctima reconocida tanto en el juicio de extinción de dominio como en la Acción Popular que impetró la PGR.  

Con su decisión, el Distrito de Barranquilla quedaría con el 55.58%, de las acciones (41.08 + 14.5%), es decir el control total. El resto de las acciones seguirían en los socios privados (4.900) 3.34%, y el 41.08%, le pertenecería a la Rama Judicial y a la Fiscalía, administrados por la SAE.

Todos los barranquilleros sin distingo de clase social o política estamos de acuerdo en que la Triple A, debe ser manejada por el Distrito con eficiencia, funcionando como una empresa regional y que debe buscar otras opciones de negocios tanto a nivel nacional como internacional. Debe generar recursos frescos para las finanzas del Distrito de Barranquilla.  * Las opiniones de los colaboradores no reflejan la línea editorial del medio* Fotos de Internet. Barranquilla, febrero 3  de 2023